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lunes, 9 de octubre de 2017

Rato denuncia gravísimos errores en la investigación y falta de imparcialidad de la ONIF


Fuente de información: EFE

La defensa del exministro rebate con un informe a la Oficina Anti Fraude. En dicho informe se exponen hechos considerados como "gravísimos errores" y una "falta de rigor técnica" de los inspectores, que no están demostrando"requisitos de imparcialidad".

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato reprocha a la ONIF, dependiente de Hacienda, los "gravísimos errores" en los que podrían haber incurrido los inspectores que investigan el origen de parte de su patrimonio, condicionados por una "falta de rigor técnica" así como por no reunir los "requisitos de imparcialidad".

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, la defensa del exvicepresidente rebate las conclusiones de la ONIF, ratificadas en sede judicial el pasado abril, al haber detectado numerosos "errores manifiestos" que, dada su cuantía, considera "muy relevantes" para la cuantificación de la presunta deuda que le atribuye la Fiscalía. Según el documento, los funcionarios de la Agencia Tributaria "contaban y cuentan" con todos los datos necesarios para establecer la trazabilidad del origen de los fondos y de algunas de las operaciones objeto de las pesquisas, informaciones que permitirían concluir que "todos los activos proceden de periodos prescritos".

De este modo, remite al informe pericial aportado por Rato, en base al cual al haber expirado el plazo no pueden calificarse como rentas o ganancias de patrimonio no justificadas en el IRPF, y expone que no es posible seguir manteniendo que esta prueba que de parte no es correcta dadas las "evidentes" consecuencias que conlleva en el procedimiento. Un informe pericial independiente aseguró que Rodrigo Rato no defraudó a Hacienda

Especialmente, la defensa del exdirector Gerente del FMI censura que se incluya, "de forma incorrecta", como ganancia patrimonial no justificada dos entradas de capital sucedidas en 2011 y 2013.

Respecto a la primera, podría tratarse del anticipo de fondos recibido por Rato de Lazard, cuya garantía era la titularidad de acciones que formaban parte de su retribución, cuantía identificada por la Audiencia Provincial de Madrid en el auto por el que decretaba el archivo de esta pieza separada del caso al detectar "dudas razonables" en la acusación. Sobre la segunda, el escrito vincula el dinero a dos transferencias fruto del cobro de dividendos de varias compañías, y aporta los extractos bancarios emitidos por la Compagnie Monesgasque de Banque (CMB) en los que aparecen registrados dichos movimientos.

La defensa entiende que la disponibilidad de estos datos demuestran que los funcionarios de la ONIF "no parecen interesados en realizar la trazabilidad de los fondos", y solicita suprimir estas cantidades del cómputo de la investigación.

Asimismo, rechaza cualquier sospecha en torno a COR Comunicación por ser "completamente errónea" y alcanzar conclusiones "alejadas de la realidad", y asegura que la ONIF atribuye erróneamente, "sin soporte fáctico y contra la realidad accionarial", la propiedad de Layosalud al exvicepresidente para poder "imputar en su IRPF cuantías que la sociedad Media House" invirtió en ella.

El texto expone también que el proceder de la ONIF ha afectado "de manera drástica" el devenir de la causa tras más de dos años de investigación en los que "han analizado toda la información incautada pero sólo han aportado la que valida su tesis".

Una "falta de rigor técnica que no es baladí" al tratarse del organismo que interpuso la denuncia inicial ante la Fiscalía de Madrid, posteriormente derivada a Anticorrupción, razón por la que estima que Hacienda "no reúne los requisitos de imparcialidad" exigidos a quienes acuden al auxilio de los jueces en sus investigaciones. Cabe resaltar que las acusaciones de la denuncia inicial que dio lugar a la detención de Rato cayeron de inmediato.

Por todo ello, pide que la información aportada por todas las defensas, no sólo la de Rato, forme parte de la causa como prueba documental a disposición de terceros peritos con el fin de analizar la "falta de consistencia" de todos los informes emitidos por la ONIF.