Rodrigo Rato
4 de junio de 2021
Desde 1978 los gobernantes españoles se habían mantenido alejados de usarlo con fines estrictamente políticos, salvo ahora para “solucionar el conflicto catalán”. No pretende el actual Gobierno basarse en criterios jurídicos sino estrictamente políticos. Tampoco ha buscado el consenso con otros partidos nacionales, ni se basa en una promesa electoral, antes al contrario. El propio Tribunal Supremo, responsable de la sentencia del procés, le ha recriminado un autoindulto, habida cuenta que sus directos beneficiarios mandan sobre los partidos que mantienen al propio Gobierno. Es desde luego un camino sin retorno para sus protagonistas. Pedro Sánchez une su destino y el de su partido al resultado de concederlo. Es decir a un arreglo con los indepes. Estos ya han advertido que quieren más: una mesa de diálogo de igual a igual para convocar un referéndum. Este solo podrá ser consultivo y será exclusivamente en Cataluña. En base a su resultado se impondrá una solución política, la constitución de un Estado parasito.
Esta intención estaba en las llamadas leyes de desconexión aprobadas forzadamente por el Parlamento catalán en septiembre de 2017. Según ellas los ciudadanos de la nueva República mantendrían la doble nacionalidad, asegurándose así la pertenencia a la Unión Europea y al euro, junto con sus derechos como ciudadanos españoles aunque sus deberes serán con el Estado catalán, que heredaría los activos y derechos del Estado español. Este por su parte absorbería las deudas históricas de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de sus Ayuntamientos. Bien pensado, no?
El Gobierno recuerda como precedente la negociación con ETA de Rodríguez Zapatero, olvidándose que acabó con un atentado mortal en la T4 y que fue el siguiente Gobierno quien obtuvo el abandono incondicional de las armas por parte de los terroristas vascos. Ni una ley fue modificada para que esto sucediera, ni antes ni después. La sociedad española no se siente derrotada por ETA y con razón. ¿Pasará lo mismo ahora? Hay graves riesgos de que no sea así. Zapatero si legalizó Bildu, otra vez en contra de una Sentencia del TS, con el imprescindible concurso del Constitucional. ¿Están la mayoría de los españoles satisfechos de ello? Nadie lo sabe.
Es cierto que fue de Gaulle quien abandonó Argelia, Nixon Vietnam y Gobachov la Unión Soviética. Como lo es también que no a todos se lo agradecieron sus conciudadanos. Eran casos extremos, cabe preguntarse si los deseos de independencia en Cataluña lo son, ya que no son ni mayoritarios. En política los resultados pueden justificar los medios, si hay mayoría de satisfechos. De lo contrario la búsqueda de culpables es inexorable. En este caso es muy probable que en el conjunto de España no se produzca satisfacción mayoritaria. Además de la creación de un peligroso precedente para el futuro de la integridad territorial de España. Ni siquiera en Cataluña hay garantías de una amplia satisfacción. La manera de gobernar de los independentistas no ha sido hasta ahora muy inclusiva. Se aduce que los autores del indulto cuentan con que la memoria de los electores es flaca. Apuesta arriesgada donde las haya.
Puede que después de los indultos el Gobierno se niegue al referéndum. Entonces habrá muchas tensiones, pero se habrá ganado tiempo y el fantasma de un futuro Gobierno del Partido Popular con Vox puede frenar muchos furores independentistas, aunque también puede avivarlos para aprovechar una ocasión que se perciba como la última. Lo que no cabe duda es que el Gobierno Sánchez da un paso hacia lo desconocido e inmanejable, en una situación económica y social muy difícil. Todos los malabaristas tienen un tope de bolas en el aire.
