Un país sin agenda

Rodrigo Rato 

31 de diciembre de 2020 

Después de un siglo y medio de búsqueda de su destino, con 4 guerras civiles y la pérdida de sus últimas colonias, España empezó un nuevo camino en los 1950.  Primero una economía moderna, después los primeros derechos sociales . En 1970 la búsqueda de integrarse en el proyecto europeo, la democracia, el fin de la dictadura. Solo algunos países han conseguido objetivos tan ambiciosos. Italia y Japón primero, Corea del Sur y Singapur después. Pocos para los 193 países que constituyen hoy  las Naciones Unidas. Somos una sociedad de éxito, con unos difíciles últimos 12 años, en que resultamos el  país desarrollado  peor parado de la Gran Recesión causada por la crisis financiera de 2008, con la excepción de Grecia, y en la crisis generada por la COVID 19 estamos a la cabeza de la cola. La llamada maldición de los países en desarrollo se refiere a sociedades que consiguen salir de la pobreza pero no llegar a ser plenamente desarrolladas. Entonces empiezan a ir para atrás, con poblaciones crecientemente  frustradas. A la mayoría de estos países  les acaba pasando. También sociedades desarrolladas retroceden como los casos de Italia o Grecia en los últimos 20 años.   

España hace 10 años  tenía una sociedad relativamente igualitaria, pero una constante pérdida de riqueza ha afectado a las desigualdades. Sus coeficientes de educación y competitividad se reducen, doblando el nivel  occidental de abandono escolar, su nivel de paro estructural es también el doble de la media de la zona euro, más de 4 veces el de Alemania u Holanda. Su mercado de capitales es el que peor ha reaccionado a la actual coyuntura originada por la Covid 19, exceptuando una vez más a  Grecia. Nuestro crecimiento potencial no llega al 1,5% anual. Cualquiera esperaría un ambicioso programa de reformas.  

En estos días finales del año es un buen momento para atender a la agenda política del próximo. ¿Qué vemos? Se ha modificado por novena vez nuestra ley de educación , pero no para atajar el fracaso escolar o el deterioro de los conocimientos matemáticos , sino para  poder excluir al español del currículo escolar. Llevamos 40 años tratando de resucitar lenguas como el euskera, el gallego, varias modalidades de catalán, el bable o la fabla. En este periodo nadie en el Mundo o incluso en España ha mostrado el menor interés en aprenderlas. En las respectivas Comunidades Autónomas parece que es ahora necesario para su supervivencia la exclusión del español, la primera lengua mundial de la Unión Europea después del Brexit, la lengua extranjera más demandada en Estados Unidos. Nadie parece querer decir que con estas políticas lingüísticas lo que es seguro es la disminución de la empleabilidad de los que utilicen allí la educación pública., es decir mano de obra cautiva en un mundo global. Todo  ello promovido por los partidos de izquierdas.  

Otro tema que domina nuestra actualidad es que después de 8 años de pérdidas relativas de riqueza Cataluña parece que va a celebrar elecciones autonómicas en febrero bajo el tema de una independencia ilegal e imposible. Dos meses después del Brexit nada modifica el debate político catalán. Nadie se pregunta quién pagará las pensiones en un sistema de reparto. Parece no haber otro  otro tema, que a su vez es aceptado por el Gobierno Central como parte de sus objetivos políticos inmediatos. Como no  los efectos económicos  y sociales de la pandemia  están  presentes en los planes españoles, se pretende que sean propietarios e inversores los que hagan » solidaria» la política del Gobierno. Es la solidaridad no la resolución de la crisis lo que centra la atención  en una sociedad con más de 13 millones de personas que reciben prestaciones públicas en la actualidad. No importa la seguridad jurídica o las expectativas para la inversión o el empleo, no se identifica el crecimiento como la primera necesidad económica cuando lo que se pretende es repartir el trabajo y los salarios ya existentes. En 2008 y 2009 las autoridades españolas apostaron por evitar la crisis financiera subiendo salarios mientras la economía caía, igual que Franco en 1973 con  el primer shock petrolífero. En ambos casos, España sufrió las peores consecuencias. Ahora parece que desde el Gobierno se apuesta por la misma estrategia. 

La futura  financiación del gasto público no es abordada pese a que los efectos de la crisis sobre la recaudación tributaria, sobre todo en el Impuesto de Sociedades, serán profundos y duraderos. La crisis anterior redujo su capacidad recaudatoria a la mitad, una importante parte de nuestra incapacidad para reducir el déficit público  aún con varios años de intensos crecimientos y creación de empleo. No esperemos menos esta vez, lo que convertirá la aportación de esta figura tributaria en no más de 15.000 millones de euros anuales. No parece haber alternativas a la vista. Nuestros dos sectores más relevantes, el turismo y el automóvil están en profundas crisis. Es desde luego difícil exagerar la importancia de esta legislatura. Pero su agenda oficial está en otras prioridades. Cuando la tensión social obligue a cambiarla habremos perdido más de la mitad del tiempo. Los ciudadanos tendrán entonces muy menguada su confianza en sus dirigentes. A partir del 2023 entraremos en dos años electorales, sin margen ya para realizar nada nuevo, mucho menos exigente con los intereses creados. En verdad se está dejando la resolución de la crisis para otra legislatura con la esperanza que la Unión Europea nos compense de nuestras carencias. Estrategia a todas luces muy arriesgada. 

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