La defensa del exvicepresidente del Gobierno denuncia que el registro de su domicilio "vulneró los derechos" de su representado.
A juicio de la Defensa de Rodrigo Rato, "la denuncia que presentó la Fiscalía era mendaz, contradictoria y con elementos atípicos". "Se vulneraron los derechos de defensa, inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y profesional", ha expresado la abogada María Massó.
En ese sentido también ha hecho referencia a qué no hubo razones para detener a Rato en 2015, registrar su vivienda y bloquear sus cuentas calificando estas fuertes actuaciones como "desproporcionadas". Recordemos que el supuesto delito que se usó como justificación para el dictado del Auto de 16 de abril de 2015 acordando las entradas y registros practicadas, decayó a los seis días.
Ya en 2017, dos años después, un informe pericial elaborado por Carlos Neira, del Bufete Garrido y presentado en dicho año al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, concluyó que no había delito alguno en cuanto al pago de impuestos.
En él, detalla que las entradas y registros llevados a cabo en el domicilio del exvicepresidente del Gobierno fueron irregulares puesto que se basaron en acusaciones que carecían de fundamento.
Rodrigo Rato también denunció que Hacienda inició una «caza de brujas» contra él al abrir una «causa general» en la que se le acusaba de alzamiento de bienes -lo cual dio pie a su polémica detención y el registro de su domicilio y despacho- que seis días cayó. A juicio del informe, la "denuncia temprana" de la ONIF que desembocó en el inicio de la investigación fue "claramente insuficiente" para poder efectuar los registros, por lo tanto se habrían obtenido documentos "ilícitamente" lo que contamina toda el procedimiento y sería motivo para la nulidad total del conjunto de la investigación. En ese sentido, Rato pidió al juez en su momento que toda la documentación requisada que no correspondiese a las sociedades que forman parte del procedimiento le fuera devuelta.
Carlos Neira también analizó en este informe las transacciones de divisas realizadas por Rodrigo Rato y los pagos de Telefónica a Kradonara, que sería una sociedad a través de las cual Rato tributó su trabajo en la empresa de comunicación. Neira hizo hincapié en que Rodrigo Rato pagó a Hacienda 6,22 millones de euros entre los años 2009 y 2014 en IRPF y que ateniéndonos a las leyes, tributar trabajos profesionales a través de sociedades no es delictivo, además de que se puede y se suele hacer.
La defensa de Rato en aquel momento, solicitó también al juez que los peritos de la ONIF declarasen para ratificar su informe inicial.
El 26 de mayo de 2017 conocimos que el juez Serrano-Arnal descartó que Rato cometiera los delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos y cohecho, de los que fue acusado tiempo atrás y puesto de nuevo en el centro de la polémica injustamente. Acceder al Auto. Sirva como ejemplo el 'Caso Bankia' por el cual Rato vivió un proceso de más 10 años de desprestigio -acusándole prácticamente de ser el causante de la crisis española- siendo absuelto finalmente.
Algo bastante llamativo es el hecho de que el informe que acusaba a Rodrigo Rato contenía múltiples expresiones condicionales como "podría señalarse", "habría que preguntarse", "pareciera razonable" o "habría que cuestionarse" en "innumerables párrafos".
Durante la sesión celebrada el pasado día 15 la defensa de Rato ha advertido de que la nulidad de la incautación de documentación en el registro de 2015 llevaría a la nulidad de toda la causa y por consiguiente a la libre absolución de su representado y el resto de acusados. "Sin el auto habilitante de incautación, toda la causa habría decaído", expone Massó
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