7 de septiembre de 2018
Dejando aparte a los afectados que podrían ver gravadas sus rentas anuales en un 52%, desde el 45% actual, esta medida no tendrá consecuencias ni recaudatorias ni económicas. Se calcula que esta súbida supondrá un incremento de ingresos en 400 millones de euros de los 72.416 millones que se recaudan por IRPF, menos de 0’04 de la riqueza nacional. Sus proponentes saben de su inutilidad, pero al parecer el mensaje de “subir los impuestos a los ricos” parece necesario. Aunque la cuestión política clave no es propagandista sino la necesidad de financiar el nuevo gasto social en pensiones, sanidad y otros que los proponentes cifran en 10.000 millones de euros. Es decir , la izquierda española reconoce que el IRPF ya no es útil para financiar adicionalmente sus programas.
La alternativa de buscar otros ingresos tiene varios condicionamientos pero, a mi parecer, desde el punto de vista político se abandona uno esencial; la redistribución de la riqueza vía ingresos. Es verdad que el impuesto de sociedades (IS), con una recaudación de 21.678 millones, supuestamente grava más a las empresas más grandes. Para empezar, el tamaño del balance no indica la riqueza, sería más indicativo la rentabilidad. Pero gravar más a las empresas más rentables choca con la eficiencia económica. Además la práctica indica que en realidad las empresas más grandes pagan tasas menores que otras; se acogen a más deducciones, pueden dedicar recursos a investigación, se internacionalizan o simplemente se deslocalizan. España tiene un reconocido problema de tener demasiadas empresas pequeñas, no lo contrario. Penalizar por tamaño va a tener sus límites, además que las grandes empresas tienen millones de accionistas españoles que no se merecen ser penalizados.
Existe desde luego otro impuesto de gran poder recaudatorio, el impuesto sobre el valor añadido IVA), que grava el consumo recaudando 62.845 millones. En un país que recibe más de ochenta millones de consumidores turistas podría parecer adecuado subirlo, pero es desde el punto de vista redistributivo, regresivo, además de inflacionista en un primer momento. Muchas lenguas se tendria que comer la izquierda para cambiar el IRPF por el IVA para financiar sus políticas. Parece que se va a intentar en cambio orientar la nueva recaudación hacia los combustibles contaminantes junto con las grandes empresas. Veremos con qué éxito recaudatorio. Otro camino serían los precios públicos: quien usa determinados servicios públicos paga algo de su coste (carreteras, medicinas, hostelería, hospitalaria, etc) . Todavía más difícil para la izquierda.
Es común, llegados a este punto, argumentar que la lucha contra el fraude proporcionará la recaudación necesaria. LLevamos cuarenta años en ello, se ha reducido el fraude pero aún estamos a la cabeza de la Unión Europea. Según Fedea alrededor de un 6,6% de la riqueza nacional. Hay dos extremos para esta lucha: impuestos muy simples y muy extendidos difíciles de evitar, alternativamente reducir los derechos de los contribuyentes. En los últimos diez años hemos seguido el segundo camino, sobre todo con los gobiernos del Partido Popular (¿ A alguien le sorprende que el PP haya perdido tres millones de votos?). Sin embargo el nivel de fraude ha bajado lentamente, mientras la Hacienda es condenada en más del 50% de los juicios, no una gran muestra de equidad ni de eficiencia de un servicio publico.
Llegados a este punto parece que solo quedan dos caminos: más deuda o menos gasto público. España tiene ya un 98% de deuda sobre renta nacional, lo que cuesta unos 35.000 millones de euros anuales. El BCE va a dejar de comprar deuda pública este próximo diciembre 2018, mal momento pues para apostar por emitir más deuda.
Recortar el gasto público exige elegir entre ciudadanos por un lado o funcionarios más políticos por otro, que son los dos grupos que lo reciben. Habitualmente se elige a los ciudadanos, a quienes se les recortan servicios o se les cobran. Los funcionarios han tenido tambien momentos de recorte, pero en su conjunto cobran 10.000 euros anuales más de media que los trabajadores privados, no corren riesgos de despidos y pueden elegir sanidad. Los políticos, de momento, mantienen vigentes todos los niveles de administración posibles, de donde dependen sus puestos: el local, el provincial, el autonómico, el nacional y el europeo. Sólo un partido político, Ciudadanos, plantea su racionalización. En la izquierda, ninguno.
Nos acaba de nacer un nueva realidad tributaria donde los actuales niveles de redistribución por ingresos parecen infrancreables. Se puede intentar disimular hablando de ” los ricos”, pero sin efectos recaudatorios. La izquierda tiene por delante mucho que discurrir para poder diferenciarse.
¿Dónde acudir ahora? Se ha mencionado.
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