Rodrigo Rato
24 de agosto de 2018
A finales de los sesenta, el régimen franquista celebró sus tres décadas con muchas manifestaciones de poder incluido el famoso referéndum de reforma política. Entre los fastos conmemorativos se proyectó la película Franco, ese hombre. Por las mismas fechas, pero con otras intenciones, se estrenaron películas mejores, como Canciones para después de una guerra, que demostraron que con censura y todo el talento era superior a la represión.
Hoy, muchas décadas después, un Gobierno socialista apoyado por separatistas y comunistas parece decidido a sumergirse con los descendientes de Franco en una batalla jurídica por dónde dejar sus huesos. Las personas perduramos más allá de la muerte, en la memoria de amigos o de enemigos, sin entrar en cuestiones espirituales. Mucho más aquellos que han tenido fama o notoriedad. El rey Fernando VII es vilipendiado como uno de los peores mandatarios de nuestra historia; Carlos III como uno de los mejores. Y así miles de españoles, como sucede en todos los países. La fama de los muertos tiene derecho a la defensa, pero no la de figuras no ya históricas, sino sólo famosas.
Los huesos, sin embargo, están defendidos en todos los países, no ya democráticos sino simplemente civilizados. Sacar de sus tumbas a los enemigos es, desde hace tiempo, un hecho impedido por los poderes públicos. Trasladar un cadáver es cosa de su familia, siempre con permiso gubernativo. Los cementerios en España no pueden ser descalificados en 99 años, ninguna de sus tumbas. Todos sabemos que la decisión de enterrar a Franco en el Valle de los Caídos junto a cientos de víctimas de la guerra civil española hiere la sensibilidad de muchos, puede que impida que ellos consideren el lugar como una muestra de reconciliación, aunque la presentación de este tema por parte del Gobierno socialista suena más a revancha que a otra cosa, dentro de la buscada confusión entre la II República y el Frente Popular, que en realidad acabó con ella apostando por un enfrentamiento que perdió.
Guste o no, la familia es la que tiene la última palabra en España sobre los restos de sus parientes, legalmente enterrados. Aprobar una ley para desenterrar a alguien concreto, vulnerando sus derechos, no es un camino de reconciliación. Las mayorías parlamentarias y sus sensibilidades no pueden perseguir a ciudadanos concretos, ni tampoco a sus huesos. Poca capacidad se ha tenido para no ser capaz de convencer a la familia de algo distinto a la situación actual. Aunque vistas las formas no parece que se haya buscado nunca ese acuerdo.
“El que no sabe dónde va, no llega a ninguna parte“, se dice en Marina de Ruiz Zafon. ¿Sabe la sociedad española a dónde va? Los ciudadanos individuales seguro que sí, pero las agendas políticas se van desquiciando en los últimos tiempos: ajustar cuentas de la guerra civil, convertir a generaciones enteras de españoles en extraños de su propia lengua y de su verdadera historia, ocultar los resultados de la escuela pública so pretexto de no agrandar las desigualdades sociales, negar a los padres el derecho de elegir la educación de sus hijos, ignorar los mensajes sobre la formación que nos envía nuestro mercado laboral, obviar el fracaso político del estado de las Autonomías respecto a los separatismos, mirar para otro lado sobre la viabilidad del tener un Estado del bienestar y también de las Autonomías… Son todos ejemplos de las carencias de nuestro debate político.
Las encuestas dicen que el tercer problema para los ciudadanos es la clase política. Algo va a pasar y Franco no será el responsable.
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